Es una escena que hoy no existe en las calles santafesinas, pero que el oficialismo quiere que ocurra: un policía frena a una persona y le pide que abra la configuración de su teléfono celular y le muestre un número de 15 dígitos. Si ese número figura en la lista de celulares robados, quien lo lleva tendrá que explicar de dónde lo sacó.