La decisión del Gobierno nacional de eliminar la compensación económica que recibían las empresas de transporte de larga distancia por trasladar gratuitamente a personas con discapacidad, pacientes oncológicos y personas trasplantadas generó fuerte preocupación en organizaciones y referentes del sector, que advierten un empeoramiento en el acceso a tratamientos y estudios médicos fuera de sus ciudades.