El gobierno provincial rescindirá el contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe con la empresa Arssa S.A -que vence en 2021- y que era cuestionada por legisladores de la oposición.
Esta tarde el ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia de Santa Fe, José Garibay brindará detalles de esta decisión a los integrantes de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, quienes lo habían citado para dar excplicaciones sobre la situación de la empresa.
«Hemos detectado que es imprescindible realizar un análisis exhaustivo de la situación», explicó el ministro de Infraestructura, José Garibary.
Garibay, por otra parte, firmó la resolución para la contratación de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), para la realización de un estudio y evaluación técnica y económica integral sobre los cincos años de contrato con la firma concesionaria Autopista Rosario – Santa Fe SA (Arssa).
«Hemos detectado que es imprescindible realizar un análisis exhaustivo de la situación, de esta manera buscaremos una evaluación final para justificar la decisión de realizar una culminación anticipada del contrato que tenemos con el concesionario Arssa», destacó Garibay.
«Es imprescindible proceder a un análisis pormenorizado de la situación en la que se encuentran las partes de dicho contrato»
Las universidades confeccionarán un informe técnico y económico pormenorizado de la situación de estos cinco años de contrato, que luego será entregada a la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Infraestructura y Transporte y éste elevará a su vez Fiscalía de Estado para su evaluación.
El contrato con Arssa fue suscrito en 2011 y autorizado mediante el Decreto Nº 2236/10 bajo el nombre: «Concesión por peaje de la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la Autopista Provincial AP-01 Brigadier General Estanislao López».
En una parte del escrito se menciona que «atento al tiempo transcurrido desde la suscripción del contrato de concesión, se torna imprescindible proceder a un análisis pormenorizado de la situación en la que se encuentran las partes de dicho contrato, de los diversos aspectos que hacen y nacen de ese vínculo, y del estado de situación actual, todo tomando en consideración que no habiendo en principio posibilidad de sostener el contrato en los actuales términos, el estudio realizado coadyuvará a sustentar una solución acorde con el marco negocial y legal vigente y con los hechos realmente acontecidos, todo en aras a preservar los derechos de la administración, del co-contratante y de los usuarios».
Fuente: La Capital
