En agosto pasado, el gobierno de Santa Fe publicó la lista de los prófugos más buscados. El proyecto marcó el inicio de una nueva etapa en el pago de recompensas para esclarecer homicidios y otras causas importantes. Contando casos anteriores, la provincia ya abonó más de 100 millones de pesos y quiere replicar el mismo sistema para secuestrar armas.