Tras el ataque en la escuela de San Cristóbal, donde un adolescente asesinó a otro el pasado 30 de marzo, durante todo abril se sucedieron amenazas de atentados en instituciones educativas de toda la provincia. A raíz de este episodio, y para intentar atenuar y frenar las amenazas, a finales de abril el Ministerio de Seguridad informó que iba a identificar a quienes realizaran las amenazas para que los adultos responsables pagaran los gastos de los operativos de seguridad. Fueron notificadas 53 personas por distintos montos, aunque únicamente pagaron seis.