La inminente inauguración del nuevo edificio anexo del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Fe, fijada para el próximo 30 de junio de 2026, quedó envuelta en un severo conflicto institucional que sumó un nuevo capítulo de enfrentamiento. Lejos de llegarse a un acuerdo por la distribución de las oficinas, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el respaldo del Ministerio Público de la Defensa (MPD), interpuso un recurso de revocatoria acompañado de un pedido de medida cautelar de «no innovar» contra la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con el objetivo de congelar cualquier mudanza o reasignación de espacios.