La decisión del Ministerio de Seguridad de Santa Fe de cobrar multas millonarias a padres de menores involucrados en amenazas falsas en escuelas ya generó su primera reacción judicial. Un abogado presentó una impugnación formal en representación de una familia a la que se le exige el pago de más de 6 millones de pesos, lo que abre un debate sobre la legalidad y el alcance de la medida.